El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto de oferta extraordinaria de empleo público que incluye la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado de 2.528 plazas, de las cuales 2.041 son para estabilizar personal laboral con contratos temporales. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades concentra el 71% de las nuevas plazas de consolidación de puestos de personal laboral temporales, lo que se traduce en una estabilización de 1.454 plazas para personal investigador en los Organismos Públicos de Investigación (OPIs). Es el proceso de consolidación de empleo de mayor envergadura en ciencia desde hace al menos dos décadas.
Esta medida supondrá la estabilización del 10,5% de las plantillas totales de los seis Organismos Públicos de Investigación dependientes del Ministerio, que cuentan con 13.836 empleados. El detalle por cada Organismo Público de Investigación es el siguiente:
- Consejo Superior de Investigaciones Científicas: 960 plazas – 9,48% de la plantilla
- Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas: 261 plazas – 21,9% de la plantilla
- Instituto de Salud Carlos III: 93 plazas – 10,8% la plantilla
- Instituto Español de Oceanografía: 54 plazas – 9,5% de la plantilla
- Instituto Geológico y Minero: 50 plazas – 14,2% de la plantilla
- Instituto Nacional Investigaciones Agraria: 36 plazas – 4,7% de la plantilla
Con esta iniciativa, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades responde a una de las mayores demandas de la comunidad científica: acabar con la elevada tasa de temporalidad en los OPIs tras una década de congelación de la oferta de empleo público. Esta medida va a permitir además rejuvenecer las plantillas fijas de los organismos públicos de investigación.
Las 1.454 nuevas plazas de estabilización corresponden tanto a puestos de investigadores y científicos como de técnicos medios y superiores y personal de gestión. En los próximos meses se publicarán las convocatorias de empleo para cubrir estas plazas de forma estable
Este Real Decreto, aprobado a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, tiene como objetivo la reducción de la temporalidad en las administraciones públicas en el marco de los acuerdos alcanzados con la UE y también de los firmados con los sindicatos. Con este Real Decreto, la Administración General del Estado sitúa la tasa de temporalidad en el 1,85%, cumpliendo con el objetivo marcado y dando un paso importante en la calidad del empleo en el sector público.